LA SEPARACIÓN DE TRABAJADORES EN LA ADMISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL MEXICANA

 

Autor: José de J. Gutiérrez Archundia

*Lic. en Derecho y Mtro. en Derecho Administrativo y Fiscal 

© 2026 José de Jesús Gutiérrez Archundia. Reservados todos los derechos.

El proceso de separación o despido de trabajadores en la administración pública en México 

Contexto

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias, en México, la separación de los servidores públicos de sus empleos, ya sea en el ámbito federal o local solo puede ocurrir por algunas de las causas que las mismas leyes prevén y con absoluto apego a las disposiciones normativas y principios constitucionales aplicables, así como a las normas y procedimientos establecidos en la ley de la materia, lo que implica la exigencia del respeto, por parte del patrón y sus agentes, a los derechos humanos de los trabajadores en caso de desvinculación de su puesto o cargo de trabajo.

Sin embargo, en el caso específico de la Administración Pública Federal, en el que se pone el acento de este breve texto, prevalecen las prácticas arbitrarias e incluso abiertamente ilegales en la separación de los servidores públicos, prácticas que se traducen en lo que la ley laboral tipifica como despidos injustificados.

Tales separaciones o despidos injustificados, además de la violación de derechos esenciales de los trabajadores, y los consecuentes perjuicios tanto económicos como psicológicos para el mismo trabajador y su familia, además suelen tener un impacto significativo en el aumento del llamado pasivo laboral contingente, sobre todo si se considera el total de casos que tienen lugar en toda la administración.

 A manera de ilustración del importante número de juicios laborales entablados por trabajadores de las instituciones de gobierno en nuestro país, entre los cuales, la mayor parte ocurren a causa de despidos injustificados, se presentan los ejemplos y datos siguientes:

Cuenta Pública Federal 2022 (Informe de pasivo laboral contingente)
	Número de juicios laborales	Monto erogado
Comisión Federal de Competencia Económica	12	20,498,667.5
Instituto Federal de Telecomunicaciones	4	1,621,448
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	173	1,488,072,866
Cuenta Pública 2019 (Informe de pasivo laboral contingente)
	Número de juicios laborales	Monto erogado
Instituto Mexicano del Seguro Social	157,266	31,456,370.5 (miles de pesos) (sic)
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado	S/D	4,918 (millones de pesos)

En tal orden de ideas, el foco de este texto radica en la necesidad de modificar las prácticas prevalecientes en la administración pública que llevan a una cantidad significativa de trabajadores o servidores públicos a quedar privados de su fuente de empleo, de manera arbitraria e legal, dicha modificación redundaría en el fortalecimiento del estado de derecho; un ejercicio más eficiente del presupuesto de las dependencias y entidades de gobierno; se evitaría afectar innecesariamente la economía de los trabajadores, asimismo se propiciaría que la sociedad cuente con servicios públicos más eficientes y de mayor calidad.

 Problemática actual en México

Como puede inferirse, a partir de los ejemplos presentados en la tabla de arriba, los casos de despido o separación injustificada de trabajo de que son víctimas una buena cantidad de trabajadores adscritos a alguna dependencia o entidad de la administración pública tienen una repercusión directa y tangible en el incremento del gasto presupuestario en el rubro de los servicios personales y una gama de efectos negativos como los ya mencionados.

Los despidos injustificados, en muchos casos dan lugar a la interposición de demandas laborales por parte de los afectados y previsiblemente derivan en resoluciones adversas para la administración pública, así como en un incremento del gasto presupuestario y consecuentemente en una menor disponibilidad de recursos para el gasto de inversión y la prestación de los servicios públicos que demanda la sociedad.

Entre las causas de la situación recién descrita pueden señalarse las siguientes:

• Desconocimiento o abierto desprecio por parte de quienes intervienen en la separación, de las normas sustantivas y procedimentales establecidas al efecto y de las afectaciones económicas causadas por su actuación irresponsable.
• Desconocimiento de la forma específica en que deben materializarse las normas aplicables al caso. 
• La priorización de intereses particulares, sobre los derechos de los servidores públicos involucrados. 
• La falta de criterios procedimentales claros y uniformes para la implementación de las disposiciones constitucionales y administrativas en la materia.

En el caso concreto del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, este no queda exento de las nocivas prácticas a que se ha hecho alusión, a raíz de lo cual son recurrentes los despidos que carecen de sustento en alguna de las causas previstas en la Ley del propio Servicio de Carrera, como son: el incumplimiento reiterado e injustificado de alguna de las obligaciones que por Ley tiene asignadas, debidamente documentado y previo el respeto de la garantía de audiencia del servidor público involucrado; el no aprobar en dos ocasiones (consecutivas) su capacitación obligatoria o su segunda evaluación del desempeño y cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente en términos de lo previsto al respecto en el reglamento de la Ley.

 Por otro lado, de entre las causas de separación de los servidores públicos de carrera, que prevén la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo 40 y su Reglamento, en su artículo 26, merecen comentario aparte las consistentes en la desaparición de cargos del Catálogo de puestos con motivo de reestructuración, al respecto, debe decirse que dicha norma reglamentaria, parece ir más allá de lo dispuesto en la Ley, al agregar como requisito para la posible reubicación de los servidores públicos afectados por ese tipo de adecuaciones de estructura, el que estos lo soliciten a la Dirección de Recursos Humanos correspondiente, condición que la Ley en mención no contempla.

 Adicionalmente, sobre este mismo tema, tanto por conocimiento directo como por referencia de servidores públicos afectados, se sabe que con cierta frecuencia en las dependencias y órganos desconcentrados en los que opera el Servicio Profesional de Carrera, se simula la necesidad de una reestructura de puestos o la de simples cambios en el perfil del puesto, con la finalidad central de colocar a quienes ocupan los puestos elegidos en el supuesto de las normas señaladas y obligarlos a aceptar su separación sin que exista una necesidad institucional u operativa real ni una justificación objetiva que sustente tales acciones. 

 Propuesta

La propuesta para tratar de solucionar la problemática descrita consiste en la adopción de medidas administrativas y legales que incidan en la efectiva erradicación de las malas prácticas ya comentadas, lo que traería consigo beneficios tangibles de diversa índole.

Tales medidas serían aplicables tanto a nivel federal como estatal y municipal y consistirían en:

• El diseño y difusión a todos los niveles de la administración pública, de criterios uniformes respecto del procedimiento y las formalidades que deben observarse para llevar a cabo un despido, principalmente en cuanto a la implementación de las evidencias y constancias documentales de las causales que dan lugar al cese o separación, aspecto fundamental para la integración de los expedientes relativos y el éxito o fracaso en los juicios correspondientes que los servidores públicos afectados llegaren a interponer.
• La impartición de capacitación a todos los servidores públicos con personal a su cargo o que por razón de sus funciones participen en alguna de las actuaciones procedimentales encaminadas a la separación de un servidor público.
• La impartición de cursos y talleres a los servidores públicos de todos los niveles, orientados al fomento de los valores y principios constitucionales y legales que rigen el desempeño de la función pública administrativa, haciendo énfasis en el desarrollo de una cultura de legalidad.
• Aplicar las consecuencias legales que procedan a quienes por dolo o negligencia afecten, tanto los derechos previstos en la Constitución y la Ley en favor de los trabajadores o servidores públicos, como al presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, como resultado de la injustificada e ilegal separación de aquellos de su puesto de trabajo.  

 Algunos beneficios de la propuesta serían:

• Lograr el real respeto del derecho a la estabilidad en el empleo legalmente previsto en favor de los servidores públicos de carrera, más allá de simulaciones por parte de los patrones.
• Contribuir a la existencia de una verdadera carrera profesional en el servicio público.
• Abonar a un mejor clima laboral y, por ende, a la productividad de los servidores públicos de carrera, a partir de la certeza de que no les serán vulnerados sus derechos como resultado de arbitrariedades y actos simulados.
• El aprovechamiento pleno de las capacidades y habilidades obtenidas por los servidores públicos de carrera, como resultado de su capacitación y desarrollo como tales, financiada con cargo al erario público.
• No dar lugar a procesos de selección adicionales y a mayores gastos presupuestarios para designar a los nuevos ocupantes de los puestos que quedan vacantes a consecuencia de despidos injustificados.
• No provocar impactos negativos en la prestación del servicio respectivo, derivados de la llamada “curva de aprendizaje” de los reemplazos de los trabajadores despedidos.
• Evitar el gasto presupuestario que necesariamente debe destinarse a la capacitación y formación de quienes sustituyan a los servidores públicos injustamente separados de su puesto o cargo.

Bibliografía

Cuenta pública federal 2019.

Cuenta pública federal 2022.

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.